Tal y como se venía anunciando a lo largo de esta semana las ordenanzas fiscales han sido aprobadas en el pleno de hoy sin mayor sorpresa que la nula aportación a las mismas por parte del grupo político Vox tal y como ha señalado el Concejal de Hacienda.
Los impuestos municipales permanecerán congelados durante el ejercicio 2024 gracias al acuerdo al que llegó ¡Vamos Palencia! con el equipo de gobierno actual. Con esta medida ¡Vamos Palencia! busca aliviar el peso que ya sufren las familias por la descontrolada inflación y consideran que gestionando bien los recursos de los que dispone actualmente el Ayuntamiento de Palencia se puede mantener la tributación actual, pero no se debe hacer, como en la legislatura pasada en la que el Ayuntamiento dejó de percibir diferentes cuantías por una falta de gestión en la tramitación de algunos recursos.
Desmienten por tanto que sea una política continuista del anterior gobierno municipal tal y como afirmaba el portavoz popular, ya que ese continuismo llevaría a una falta de gestión y por tanto a una disminución de ingresos.
En lo que se refiere a la actualización de las tasas, desde ¡Vamos Palencia! se entiende que se actualicen de acuerdo al incremento del IPC, ya que dichas tasas no persiguen un afán recaudatorio y sí poder cubrir costes.
Celebran también que se hayan tenido en cuenta varias de sus propuestas y aportaciones como:
- Incluir en la ordenanza el incremento de la bonificación del 30% al 50% en la cuota del IBI de inmuebles en los que se emprenda una actividad económica empresarial, comercial o profesional declarada de especial interés municipal. Aunque desde ¡Vamos Palencia! ya avisan al equipo de gobierno que les pedirá que se amplíe esa bonificación en próximos ejercicios.
- Mantenimiento de la tarifa de quioscos en la vía pública ante el declive que viene sufriendo esta actividad.
- Precisiones en cuanto a la definición legal de vivienda desocupada y la adecuación de la Ordenanza así como la actualización de los coeficientes referidos al período de generación del incremento en las plusvalías.
¡Vamos Palencia! se felicita especialmente porque se haya aprobado su propuesta de difundir información acerca de algunas bonificaciones que no se aplican de oficio y que tengan que ser solicitadas expresamente por el interesado, como por ejemplo la bonificación para familias numerosas en el IBI. Estas bonificaciones en muchas ocasiones no se solicitan por desconocimiento del ciudadano y consideran que el Ayuntamiento de Palencia debe informar sobre ello para que los interesados puedan solicitarlo.
Desde ¡Vamos Palencia! entienden que alguna de sus propuestas, no se hayan incorporado a la Ordenanza, concretamente la bonificación que permite reducir hasta el 95% del tributo exigido por la prestación del servicio de recogida de residuos para empresas de distribución alimentaria y restauración que establezca sistemas de gestión que reduzcan de forma significativa y verificable los residuos alimentarios en colaboración con entidades de economía social sin ánimo de lucro. Pero se animará al actual equipo de gobierno a que esa regulación se estudie y se lleve a cabo durante este período impositivo.
Durante el turno de intervenciones del pleno, la Concejala de ¡Vamos Palencia! Marta Font ha respondido con contundencia a la portavoz de Vox acerca de lo que denomina “catastrazo”, dejándole claro que “la revisión de los valores catastrales no atiende a ningún tipo de “pacto” y que es un error tratar de confundir a la población con discursos populistas, ya que la revisión catastral es el principal herramienta para que se cumpla el principio constitucional de justicia tributaria y que la información que conste en el Catastro se corresponda con la realidad física, urbanística y económica de los inmuebles. La revisión del Catastro está regulada por una ley estatal, el texto refundido de la ley de Catastro inmobiliario y que establece en el Artículo 28 que en todo caso se debe de llevar a cabo esa revisión catastral en un período máximo de 10 años y la ponencia de valores que tenemos a día de hoy corresponde al año 1996, es decir que llevamos casi 20 años incumpliendo esa disposición estatal. Por tanto no es un tema de voluntad política sino de responsabilidad y un deber legal”
